Parálisis (y II)

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burocracia

Ver Parálisis (I)

La burocracia paralizante que nos impide ejecutar los supuestamente generosos cheques europeos (¡qué paciencia tienen con nosotros!), es un paradigma de ineficacia e ineficiencia. En mi opinión, confluyen para nuestra desgracia tres normativas complejas cuyo origen está en la adopción de medidas que se adoptan en el momento bipolar en el que el Legislador se irrita ante un titular, se pone colorado y empieza a adoptar medidas preventivas ante una generalizada presunción de corrupción. Podemos empezar a hacernos idea del problema:

  1. La normativa de subvenciones. Fondos que provienen de la UE, de ahí al Estado, de ahí a las CCAA o a las DDPP y de éstas a Ayuntamientos si es que, en el caso de Aragón, antes no pasan por las Comarcas que parece que de momento no. Por supuesto que cada una de estas administraciones gestionan una parte del pastel. Existe normativa europea compleja sobre fondos europeos, existe una Ley General de Subvenciones (L38/2003), un Reglamento estatal, bases, convocatorias. Y asimismo -cómo no- normativa legislativa y reglamentaria sobre regulación de subvenciones de las CCAA, bases generales y reglamentos de subvenciones de las DDPP, bases específicas, convocatorias, etc. Frecuentemente se tardan ocho o diez meses en tramitar y resolver una subvención, otorgándose jun plazo de quizás mes y medio para ejecutar. Con lo que deviene el siguiente problema, el de la contratación, que al que da la subvención, le importa un pimiento… salvo para que se certifique que se ha respetado dicha normativa sobre contratación. Política de a mí que me registren, yo no he sido.
  • La normativa sobre contratación. Tenemos una compleja Ley de Contratos del Sector Público derivada de directivas europeas, el Reglamento vigente y la variopinta tipología de contratos; la supuesta “facilitadora” administración electrónica a través de la Plataforma de Contratos que es difícil implementar y aplicar en los ayuntamientos pequeños (y grandes) y la normativa sobre administración electrónica. Por no incidir en los criterios de diecisiete juntas de contratación administrativa, chiquicientos tribunales administrativos de contratos públicos, etc.  Recordemos de nuevo la opinión de nuestro catedrático de derecho administrativo D. Julio Tejedor, que se puede leer en (https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2018/09/24/julio-tejedor-regular-hasta-minimo-detalle-puede-facilitar-corrupcion-1267858-300.html). A propósito de la normativa de contratos actual, y a la pregunta de si regular hasta el mínimo detalle es la solución a la corrupción, declaró que

«No. Paradójicamente, regular hasta el mínimo detalle puede facilitar lo contrario, la corrupción. Con ese afán regulatorio se generan dudas e incertidumbres. Una norma sencilla y clara, que sea poco opinable, ayuda más a dificultar las prácticas de corrupción que una muy detallada. Yo siempre digo que el asesinato está castigado desde hace miles de años, pero se sigue matando».

  • La normativa sobre control interno en relación con las haciendas locales: normas presupuestarias, normas contables, liquidación, cuenta general.
  • La normativa sobre control externo: cámaras de cuenta autonómicas, Tribunal de Cuentas.

Esta ineficiencia y esta complicación, ha calado entre empresas y ayuntamientos. Muchas de las empresas no acuden a la financiación externa porque desconfían de ser capaces de gestionar las solicitudes y las justificaciones, siendo que, por otra parte, los fondos -si es que finalmente llegan-, llegan con un inusitado retraso, y si tienen que solucionar algo, lo hacen siempre demasiado tarde, cuando la suerte está echada. A los gestores municipales les bastará recordar a Doña Filomena, no la tía del pueblo sino el temporal de nieve que acaeció a principios de enero de 2021. Tras los pomposos y mediáticos anuncios gubernamentales que prometían una rápida reacción de solidaridad, en mi pueblo llegamos a cobrar 900 € tras once meses de tramitación. Para ese viaje no hacían falta tantas alforjas. ¿Merece la pena ese derroche de papeleo para eso? Pues no, pero publicidad ante todo.

Aunque no dispongo de información de primera mano, los canarios de la Isla de La Palma se han quejado ya en reiteradas veces en la prensa de que las ayudas no llegan o llegan a trompicones. En cuanto se deja de ser noticia en la prensa, a nadie parece importarle la celeridad en la gestión. Ahora y en relación con el COVID, andan los partidos echándose los trastos unos a otros a la cabeza, por los sabrosos contratos de emergencia. Si había manga ancha debido a la tramitación excepcional, se pagaban mascarillas, guantes, etc, a precio de oro. Cuántos fabricantes, intermediarios y comisionistas se forraron. Como se ve, presumo -y no sé si es mucho presumir- que los gestores fueron honestos.

Dejemos por otra parte para mejor ocasión la “oportunidad” y valoración de los gastos a realizar con los fondos europeos, muchas veces gastos inservibles o que no van a generar mejoras en la productividad, en el empleo ni en la mejora económica general.

Ejemplos de ineficacia en la gestión hay para aburrir. Otro ejemplo desde https://www.lainformacion.com/espana/gobierno-dejo-sin-ejecutar-un-tercio-presupuesto-2021-imv/2860394/ de 21/2/2022: “Aprobó 362.000 prestaciones/

El Gobierno dejó sin ejecutar u/n tercio del presupuesto de 2021 para el IMV” [Ingreso mínimo vital].

Recordemos que desde los pequeños ayuntamientos, tenemos importantes carencias de medios para licitar y ejecutar contratos, dejando al margen que uno siempre tiene la sensación de no hacer las cosas bien o al menos dudar de ello.  Pero es que no es normal que para un contrato de gestión de entradas de piscinas municipales y del bar de la instalación haya que acudir a un contrato concesional. No es posible gestionar licitaciones de suministros de energía eléctrica con toda su complejidad salvo que se tenga la suerte de adherirse a un sistema centralizado como últimamente y afortunadamente, se puede hacer después de lo que hemos clamado en el desierto muchos. No es posible licitar cada poco contratillos ya que lo hace totalmente ineficiente: los servicios externos de asesoramiento urbanístico; los de gestión del sistema contable, los de gestión de expedientes. El legislador Nicanor no tiene, con perdón, ni idea. No tiene que enfrentarse con estos problemas, por eso se conforma con poner muchos límites sin saber si son salvables. Supuestos controles y trabas para que no haya irregularidades, sin saber si es posible superar ese salto de obstáculos sin descalabrarse o sin terminar la carrera antes de tiempo por caída o agotamiento.

Por poner otro ejemplo, este año se comprueba que faltan socorristas y algunas piscinas públicas no pueden abrir; maravilloso. No hay bastantes profesionales cualificados. Por una parte nuestro sistema de bienestar es altamente tuitivo y por otra parte no somos capaces de establecer los mecanismos que hagan posible ejercer esa protección. Quizás ha devenido del exceso de exigencia de titulitis trabajar y el escaso salario. Se adiciona a todo esto que esto que son necesarios procesos selectivos adecuados sin olvidar el certificado de carecer de antecedentes delictuales sobre menores y que ahora si contratas a un socorrista se trata de un contrato fijo discontinuo. Ya se sabe que los fijos discontinuos ahora no son desempleados cuando no trabajan, la imaginación y la torticería al poder. Aunque generen prestación de desempleo si han cotizado el suficiente tiempo. Es fácil maquillar las cifras, de un plumazo, seiscientos mil parados menos. Un Gobierno que teóricamente apuesta por lo público ha provocado que los ayuntamientos hayan externalizado los servicios con empresas especializadas (que a su vez supone otra engorrosa contratación). Y curiosa es la protección que se pretende dar, ya que en los municipios de menos de mil habitantes no es necesario que se disponga de socorrista. Con 998 habitantes, te puedes ahogar. Con 1002, te tienen que salvar. Sic transit gloria mundi.

Así pues, sería necesario, en mi modesta opinión, implementar sistemas basados en la confianza, en la honradez de los gestores y, al mismo tiempo, un sistema externalizado de control a posteriori externo ágil y eficaz. Reforzar las Cámaras de Cuentas autonómicas y el Tribunal de Cuentas, como órganos absolutamente independientes y no sólo sancionadores sino también asesores (algunos mayores como yo aun recordamos la existencia del Servicio de Inspección y Asesoramiento de las entidades locales, suprimido obviamente de conformidad con el principio de autonomía local). Me pregunto hoy no obstante dónde ha ido a parar esa autonomía local dado el metomentodismo de las administraciones “superiores

Recalco lo de independientes con respecto a los órganos fiscalizadores externos porque hay paradigmas misteriosos. Es casi paranormal el caso de las responsabilidades que exigía el Tribunal Cuentas del Reino, el de la Calle Fuencarral, a los malversadores del procés. Había dicho el susodicho Tribunal que no es posible que una empresa pública de la Generalitat avalase (a través de la/s empresa/s equis) las responsabilidades de los malversadores condenados, los que habían provocado el perjuicio económico para la propia Generalitat. Es obvio. Es como si a uno le atracan por la calle y para asegurar las indemnizaciones a la víctima, ésta avala al atracador. El mundo al revés.  Y hete aquí que por obra y gracia del Paráclito el gobierno central se organiza para que se produzca un cambio de consejeros en el Tribunal de Cuentas y, milagrosamente -como digo el Paráclito tiene mucho que ver- y haya un cambio de criterio de dicho órgano constitucional. Hale-hop, de repente se convierte en admisible y normal que la Generalitat avale a los indultats a través de una empresa pública autonómica. Como digo, la víctima, presta la fianza para asegurar las responsabilidades del “atracador”. Todo muy normal. Si el atracador no paga, el avalista se paga a sí mismo. Todo esto dice muy poco en favor de renovados consejeros de tan alto Tribunal, que consienten esto, que demuestran que acatan las consignas políticas y que éstas están por encima de los criterios jurídicos y éticos. Así, nos vamos de cabeza al precipicio. Como el chiste de Franco: “Españoooles, estábamos al borde del precipicio y hemos dado un paso adelante…” Ni que decir tiene que esto es extrapolable a las más altas instancias jurisdiccionales. Si el derecho es el derecho y la ética la ética, no debería haber tanto problema en que sean unos magistrados u otros los que estén en el Supremo, en el CGPJ o en el Constitucional (y mientras tanto, la sentencia por la Ley del Aborto, lleva doce años “en estudio” y no pasa nada). Éstos mismos cualificados próceres se permitirían después hacer reproches de antijuridicidad ante el silencio administrativo de algunas administraciones. Todos dando lecciones jurídicas, y morales a los demás sin ver la viga en el propio ojo.

La conclusión es que:

  1. Vamos a perder fondos.
  2. Los sistemas subvencionales no funcionan para lo que deberían funcionar y la normativa sobre subvenciones es una carrera de obstáculos.
  3. La contratación de obras, servicios y suministros es tan compleja que cualquiera puede sacar pelos a una calavera. Y casi no nos atrevemos con ello por no meter la pata.
  4. Nadie confía en nadie.                                                           
  5. Somos ineficaces e ineficientes.
  6. No tenemos sistemas de control externo fiables. Ni tampoco hay quien controle al que controla.
  7. La división de poderes es una falacia.

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