Por fin empezamos a enterarnos de lo que significa y del riesgo que supone acabar frívolamente con la independencia de secretarios e interventores en la Administración local española.
Porque es el caso que más de doscientos penalistas -catedráticos, magistrados, fiscales …- han analizado la corrupción urbanística en un documento explosivo que tiene gran interés para las Corporaciones locales. Piden “mano dura” y que el Gobierno “no vacile” a la hora de disolver ayuntamientos corruptos. Esta posibilidad, como sabemos está contemplada en la ley 7/85, en concreto, en su artículo 61, a cuyo amparo se aprobó el Decreto de 7 de abril de 2006 que afectó al Ayuntamiento de Marbella. Medida acertada, pero … ¡lo que tardó en llegar! Datos sobre lo que ocurría en Marbella eran de todos conocidos, excepto al parecer de las autoridades (in)competentes. A la vista de las noticias que ofrecen los periódicos, podrían darse más casos de disolución pero los intereses de partido se imponen, lo que lleva a una inacción “gravemente dañosa para los intereses generales”, por acogernos a la expresión utilizada por el artículo 61 citado.
Claro es que el recurso a este precepto debe hacerse con prudencia porque es una “última ratio” pero su manejo se impone. Y se impone porque hemos suprimido demasiados controles sobre el actuar cotidiano de los Ayuntamientos. En la ley 7/85 no se encuentran en la práctica más que los contenidos en los artículos 65 y sgs donde no hay sino miramientos para con la autonomía local pues se confía solo a los jueces la anulación de medidas municipales (con la única excepción de la suspensión contenida en el artículo 67). Así lo dejamos escrito quienes intervinimos en la redacción de la citada ley (yo, a la sazón, como secretario general técnico del Ministerio para las Administraciones públicas) y hoy puede advertirse que fuimos demasiado tímidos, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro modelo fue el sistema alemán -por la formación de varios de quienes estuvimos en la cocina de aquella ley- y este, sin embargo, es bastante más riguroso de lo que nosotros quisimos ver entonces pues la vigilancia que desde los Länder (nuestras Comunidades autónomas) se ejerce sobre los acuerdos municipales es de notable intensidad, especialmente en los ámbitos económico y financiero.
Suprimidos esos controles, desactivado por supuesto el viejo Servicio de Inspección y Asesoramiento, solo quedaba confiar en la labor de secretarios e interventores. Pero el sistema fue adulterado paulatinamente por la discrecionalidad implantada a partir de las “libres designaciones” y otras corruptelas (finales de 1991, gobierno de González), amén del progresivo vaciamiento de competencias de tales funcionarios, especialmente lacerante en las “grandes poblaciones” (diciembre de 2003, gobierno de Aznar), proclives a convertirse, a poco que nos esforcemos, en campo del más tradicional caciquismo, en favor de los partidos políticos y de su bien tupida red de intereses clientelares.
Pues bien, ahora los penalistas a quienes me refería al principio, sugieren que se “refuerce la independencia y autoridad de los órganos técnicos de los ayuntamientos (secretarios, interventores y
tesoreros) cuyas facultades se han recortado así como un mayor control de notarios y registradores …”.
Voces independientes como estas, que no tienen su mirada nublada, observan el panorama con objetividad y con sensata pericia. ¿Alguien les hará caso? Me temo que nadie pero, como no quiero perder toda esperanza, digo con los clásicos “absit omen”, es decir, que no se cumpla el mal augurio.
Yo creo que no hay otro destino que el que uno mismo se labra, así que estoy segura de que las señales no son determinantes y por lo tanto aún hay esperanza, si trabajamos por ello.
Ojalá que esas voces independientes tengan eco en nuestra sociedad, algo no muy habitual; ya que a algunos (bastantes) no le interesa que estas sugerencias tengan consecuencias reales.
Interesante intervención y muy aclaratoria como siempre. Mil gracias, Francisco
La nación española no estaba preprada para adoptar el régimen alemán, pues la corrupción existente en muchos de los ayuntamientos de España corrobora dicha afirmación. En España, al haber precindido prácticamente de las funciones de unos sufridos y responsables funcionarios de habilitación nacional e independientes, no se controla nada, sólo cuando hay grandes escándalos que trascienden el ámbito administrativo para entrar en la «ultima ratio» que es el derecho penal. Incluso basta ver que ante la negativa o pasividad de los políticos, han surgido en el ámbito penal, los llamdos delitos contra la ordenación del territorio y análogos. Es tradicional que los políticos se lo guisan, modifican y se lo comen a su gusto. Aquí no pasa nada, hasta que lleguemos al control y sensibilidad de los alemanes. Sustituimos la libertad y autonomía por el libertinaje y la dictadura de las mayorias- amén.
Mientras los Colegios de Secretarios e Intgerventores declinen una de sus funciones que es la defensa de la profesión, mientras continuen siendo elegidos cabezas de esos colegios determinados compañeros que apuntalan las acciones serviles y manifiestamente ilegales en los Ayuntamiento y mientras no se plantee una Huelga General de brazos caidos por los Secretarios e Interventores que paralice todas las AAPP locales, lo que Vd. dioga aquí,. amigo es escupir al sol.
Atentamente
Sin embargo, para las entidades locales no habría problema alguno, salen del apuro con el primero que pasa por allí, cualquiera firma como titular de un puesto de funcionario de habilitacion estatal, sin que se cuestione la eficacia o validez del documento, con el visado parece suficiente. Por eso creo que este Colegio Profesional debería ser más cauteloso. Por qué no tenemos asignado un número de colegiado como el médico o el arquitecto.
No hay ningún interés en favorecer la independencia profesional de los secretarios e interventores, sino más bien todo lo contrario. Cada día los ayuntamientos se van pareciendo más a un feudo donde el «patrón» de turno decide en cada momento lo que debe de hacerse con independencia de las opiniones del equipo de profesionales y aun sin conocer ni siquiera de lo que esta diciendo.
Yo creo que el problema no es la independencia profesional, sino la baja preparación y escasas capacidades de muchos de nuestros «patrones»
De los colegios ya ni hablo…
Un artículo excepcional!
A mi juicio, la lectura entre líneas de este artículo (con la mención expresa: finales de 1991, gobierno de González/diciembre de 2003, gobierno de Aznar) deja bien claro que los desaciertos y las disfunciones introducidas desde hace años en el modelo anterior no obedecen a una cuestión de signo partidario. Francisco Sosa lo recalca con razón.
Pero la lectura (interpretación) de esta consecuencia también debe destacarse. ¡Qué triste el hecho de que ambos partidos mayoritarios coincidan en los mismos errores y sean los causantes, aquellos que determinan nuestra pesada sensación de impotencia!
¿A quien recurriremos todos aquellos que caminamos por la vida local sin venda en los ojos?
…Porque todos somos conscientes de que el mal, el daño, los irreparables perjuicios no es a nosotros a quienes se causan, sino al conjunto de la Sociedad, a cada uno de los ciudadanos.
¡Qué mentalidad tan pacata!, ¡qué egocentrismo mas irresponsable que hace que el responsable político individual se conforme con el beneficio partidario aún a costa del perjuicio que le causa -con su enfoque- a todos los suyos!
A mí me trae a la memoria otras exquisiteces que en su día se pudieron observar en actuaciones enmarcadas en políticas
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