En muchos municipios rurales españoles será grato conocer las iniciativas que en el Parlamento europeo están llevando a cabo algunos diputados de distintos grupos políticos para lograr la vinculación del medio rural a las perspectivas que abre la sociedad moderna y las nuevas tecnologías.
Conscientes de que la economía agrícola es un factor con un acusado carácter ecológico y social, estos proyectos tratan de llevar -entre otros objetivos- los productos a los consumidores de forma directa rompiendo la cadena de intermediarios. De esta forma gana autonomía el agricultor o el ganadero y al tiempo puede comerciar de una forma leal y no abusiva con los precios de sus productos. Hay diez mil millones de euros en el programa “Horizonte Europa”, previstos para innovaciones en la economía agrícola, que pueden ser un instrumento importante para la financiación de investigaciones conectadas con la creación de lo que se conoce ya como “pueblos inteligentes”, un concepto complejo que viene a hermanar -dicho sea en términos muy generales- el empleo de las innovaciones recientes en materia de comunicación, del manejo de datos y la información con la oferta y prestación de servicios desde el campo o las pequeñas unidades urbanas. Todo ello ha de ser visto como una palanca para emplear mejor los recursos disponibles y hacer más atractiva la vida en estos espacios.
Aunque me consta que los servicios competentes de las Diputaciones españolas y de las Comunidades autónomas están atentos a estas líneas de financiación especiales así como a las iniciativas que en este terreno se multiplican conviene que tengan presente los trabajos que desarrollan en Bruselas y Estrasburgo los diputados Franc Bogovic y Tibor Szany (popular el primero, socialdemócrata el segundo), cuyas miras se concentran en los pueblos y en las ciudades pequeñas. Debo añadir que la página web del Parlamento europeo suministra -en todos los idiomas- amplia información sobre los trabajos de todos los diputados y de las Comisiones parlamentarias.
Lo que está en juego es nada menos que dar vida a espacios que luchan por conservarla y para ello el esfuerzo ha de estar dirigido a convencer a los legisladores y a las Administraciones nacionales para incentivar por todos los medios estos “pueblos inteligentes” y verlos como un factor indispensable de modernización, de mejora de la calidad de vida de sus habitantes y de lucha contra la despoblación. Es esta última, como se sabe, una bandera levantada por la Administración española en muchos territorios, consciente del grave problema de desertización que está sufriendo la Península.
Atención pues a estas iniciativas. Ya se pone el ejemplo de un municipio francés, de la Lorena, de apenas varios centenares de habitantes, llamado Bras sur Meuse. Se han utilizado allí medios europeos para crear centros de trabajo a distancia, llevar la banda ancha de alta velocidad, escolarizar a personas mayores y otras muchas actividades cuyo designio es fomentar la creatividad y, con ella, luchar contra el desempleo.
La reforma de la política agrícola común ha de ser una caja de resonancia de estos esfuerzos como lo será en general el debate que necesariamente ha de tener lugar con motivo de las elecciones al Parlamento europeo del próximo mes de mayo.
Insisto en que estos asuntos (la desertización, la despoblación, la igualación de derechos de las personas en los medios urbano y rural, la buena calidad de la prestación de los servicios, etc) solo en el proyecto común europeo se podrán resolver. Este es al menos mi pensamiento basado en el hecho de que los Estados europeos, los que conocemos (Italia, España, Alemania …), representaron en otro tiempo sin duda la mejor protección contra las crisis y las convulsiones económicas pues fueron la primera agencia de seguridad. Pues bien, la causa de su debilidad actual se debe a que estas funciones ya no las pueden cumplir cabalmente porque su autonomía se ha visto drásticamente erosionada y limitada por organizaciones mundiales y/o continentales. Es decir, en estas cruciales cuestiones, los Estados han devenido minusválidos, necesitan una ortopedia imprescindible para caminar erguidos. Y es esa ortopedia la que se cuida en instituciones como el Parlamento o la Comisión europea.
