El tsunami presiona el rompeolas

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Publica el Boletín Oficial del Estado el enésimo decreto-ley de la pertinaz crisis, ahora el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero. El principal lastre del sector bancario español, dice la exposición de motivos de la nueva norma, es la magnitud de su exposición a los activos relacionados con el sector inmobiliario, activos que han sufrido un fuerte deterioro debido a la reciente evolución de la economía. La norma va detrás, muy por detrás de la realidad. No soy economista, aunque sea ésta una disciplina que me interesa cada día más. He tratado de ser un observador intelectual y profesionalmente honesto del devenir económico del país desde la atalaya inmobiliaria, académica por mi profesión universitaria y gestora por mi pasada dedicación política. Y las cosas me parecían evidentes.

En “valor justo, crisis, mercado y humo” (10 de noviembre de 2008) decía en este mismo blog que “lo que ha ocurrido es que el mercado se ha impuesto, ha funcionado, aunque no cómo algunos deseaban”. Días después (17 de noviembre de 2008), volviendo sobre la cuestión, decía en “un posible devenir de la crisis” que “en tierra de nadie caerán muchos, aunque sobrevivirán los prudentes, que los hubo y habrá, y algunos de los grandes, tanto en el ámbito financiero como en el inmobiliario. Cayeron primero los mercaderes de suelo, que no generaban sino valor especulativo derivado de la intermediación en el mercado de suelo en paralelo al proceso de su reclasificación. Están cayendo los urbanizadores, que afrontaron costes de urbanización que habían de repercutir en los solares resultantes y que, ahora, no tienen comprador. Caerán muchos de los pequeños y medianos promotores que no podrán comercializar sus promociones, que están viendo terminar los periodos de carencia de su préstamo promotor obtenido en la fase final del ciclo alcista y que carecen de recursos propios suficientes para reducir su apalancamiento. Como resultado están cayendo en las listas del paro muchos de los trabajadores de todos los anteriores. Quizá también caiga, a veces en forma de fusión, alguna entidad financiera que no pueda digerir su parte del desastre para tratar de salvarse a sí misma y a los anteriores. Municipios, Comunidades Autónomas y Estado no están en mejor situación. Ven mermados sus ingresos y, en el caso de los municipios y las Comunidades Autónomas constantes o al alza sus gastos, muy al alza por los costes sociales en el caso del Estado”.

Sobre estas cuestiones volví posteriormente, en “un tsunami de riesgos” (16 de noviembre de 2009) y “riesgos consumados, fin de los riesgos” (25 de julio de 2010). En el primero, realizando una analogía entre un tsunami y la ola de riesgos que ha barrido el país, decía que “si la valoración del riesgo es correcta, el negocio bancario funcionará, con mayor o menor rentabilidad, con mayor o menor volumen, pero funcionará. Si no es así, si el riesgo se valora mal, se manipula o se obvia, si se pretende competir haciendo abstracción de la viabilidad de la operación financiada, si se saca de quicio una mal entendida competencia que lleva a los competidores al abismo, el resultado no puede ser bueno. Y no lo ha sido”.

En el segundo comentario, analizando una Circular del Banco de España afirmaba que “de nuevo realismo, y necesidad de actualización de la situación financiera del país, es lo que subyace en esta segunda gran decisión del Banco de España. Las garantías alcanzan donde alcanzan conforme a su valor actualizado. Más allá provisión. Cuestión distinta es si todas las entidades financieras tienen suficiente capacidad para realizar las provisiones exigidas por un alto stock de vivienda terminada sin comprador y con alta carga hipotecaria y grandes masas de suelo rural sin ninguna expectativa de desarrollo pero que fueron adquiridos, e hipotecados, conforme a valores de tasación que incorporaron expectativas urbanísticas que no se consumarán”. En esto último andamos ahora.

Ni cabía ni cabe alegar ignorancia. No son admisibles más dilaciones. El problema está perfectamente identificado y había de afrontarse. Se trata de repartir unas pérdidas que, fundamentalmente, están ubicadas en el sector privado y, en lo que respecta al sector inmobiliario, se han concentrado en el sistema financiero, que se ha quedado los activos que garantizaban créditos fallidos de la “década prodigiosa”. Existen alternativas de reparto, más o menos solidarias, pero la elección la imponen las mayorías políticas. En realidad, el problema se ha ido afrontando porque las entidades financieras llevan ya varios años ganando tiempo a nuestra costa, a costa de la economía real, de familias y administraciones públicas, para lograr digerir el tsunami de riesgos que se les vino encima. El rompeolas, de momento, parece estar funcionando y el último Real Decreto-ley 2/2012 no hace sino ayudar a recrecerlo y ensancharlo, tratando de proteger una economía real agazapada tras él, privada de recursos porque éstos se están destinando a reforzar la barrera que la separa del abismo. Es lo que hay. Pero todavía falta tiempo, un par de años al menos. El tsunami está empujando al rompeolas. Pero el ciclo de crisis está llegando a su final. No va más.

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Doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza (1997) ocupa plaza de Profesor Titular de Universidad en la misma Universidad y cuenta con acreditación nacional a Catedrático de Universidad (2015). Ha impartido docencia en la Universidad de Zaragoza desde 1992. Autor de numerosas publicaciones y, en particular, de siete monografías sobre contratación pública, derecho urbanístico, de vivienda y Estado autonómico, y coordinador de cuatro volúmenes colectivos, sobre la última reforma bancaria, la corrupción en España, regeneración urbana y contratación pública. Es vocal de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón en representación de los órganos de contratación del sector público autonómico aragonés (2017-). Fue Director General de Vivienda y Rehabilitación (2003-2005 y 2009-2011) y Director General de Urbanismo (2005-2007). Actualmente es Secretario General Técnico de la Presidencia del Gobierno de Aragón (2015-).

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