Billetes S.A.: ¿empresa nacional o título de cómic?

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En estos días en los que las cloacas vomitan por saturación las pestilentes maniobras de tanta gentuza con responsabilidades que se lo llevaba crudo sin rubor, la aparición de una sociedad mercantil pública denominada Imprenta de Billetes S.A., no deja de provocar un cierto sobresalto; al menos hasta que nos enteramos bien de qué va la cosa.fotonoticia_20140519133110_644

Y es que hasta semánticamente hay que ser cuidadoso cuando la actualidad nos depara, además de los pinchazos telefónicos a personajes que urgían paladas de papel moneda para sus vicios o para actividades nunca realizadas, historias de falsificadores caseros de euros.

En junio del año pasado, muchos lo recordarán porque incluso se han hecho programas televisivos al respecto, se detuvo a tres personas, incluido un experto en artes gráficas, que pretendían obtener el mejor billete falso de 50 euros. El crimen perfecto en materia de falsificación. Y para fabricar unos cuatro millones de euros, habían montado un laboratorio en Algete con material y maquinaria de última generación. Incluso parece que habían adquirido en China papel con hilo de seguridad insertado, casi idéntico al de los billetes de curso legal y hologramas, tan falsos como de alta calidad.

Con la mezcla de estos precedentes, cuando se registró a primeros de junio en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, con un capital social máximo de 50 millones de euros (Ernst & Young había tasado en 38 millones el inventario) y el acrónimo Imbisa, la Imprenta de Billetes Sociedad Anónima, uno pensó más en un álbum de historietas cómicas, al estilo del que Francisco Ibáñez hizo de cierto tesorero de partido, que en una exigencia del Derecho europeo. Una sociedad así, a primera vista, parece ser El Dorado para un gestor corrupto. Pero todo tiene su razón y su sinrazón de ser.

El Consejo de Ministros autorizó, el pasado viernes, 24, a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda la constitución de la sociedad mercantil pública Imprenta de Billetes S.A. para la producción e impresión de papel moneda de euro. Como el Gobierno rápidamente aclaró en nota oficial, “la creación de esta sociedad ya estaba prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 y deriva de la exigencia del Banco Central Europeo de que esa impresión de billetes euro se gestione por los Bancos Centrales Nacionales”. Con ello se apelaba a una exigencia externa ante la contestación, perfectamente lógica, de los sindicatos y trabajadores de la venerable FNMT.

No hace falta ser numismático ni filatelista para saber que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) nació en 1893 de la fusión de la Casa de la Moneda y la Fábrica del Sello, dos instituciones que ya compartían sede y talleres en un edificio de la madrileña plaza de Colón desde 1861, aunque eran independientes en su organización. Los sellos habían empezado a emitirse en 1850 y la Fábrica empezó a hacerse cargo de la estampación de billetes durante la Guerra Civil, lo que se generalizó en 1940. España, que contó con numerosas cecas, tuvo su primera y real Casa de la Moneda en Madrid hace cuatro siglos, concretamente en 1614 por expreso deseo de Felipe III.

Ahora, el monopolio de impresión desaparece y aunque transitoriamente la nueva empresa pública dependa de la entidad pública empresarial FNMT, para dar cumplimiento, se dice, a lo previsto en la normativa comunitaria, el mismo día de la constitución de la sociedad se suscribirá un contrato de venta al Banco de España del 80% del capital, manteniendo temporalmente la FNMT el 20% restante hasta el 31 de diciembre de 2017 en que dirá adiós a toda responsabilidad emisora.

La FNMT lógicamente, debe ceder buena parte de sus recursos humanos –unas 250 personas- y técnicos a Billetes S.A., al salir dicha sociedad de la nada, con los consiguientes problemas en relación al empleo público partiendo de la distinta configuración jurídica de las entidades cedente y cesionaria. No en balde, la nueva sociedad se regirá por el derecho privado y le será de aplicación el régimen patrimonial, presupuestario y de contratación de personal y de bienes y servicios del Banco de España.

Además, como señalaba el diario EL PAÍS hace ya un año, los empleados de la FNMT “creen que si el Banco de España se lleva su tecnología de impresión de billetes, la empresa languidecerá porque se perjudicará tecnológicamente al resto de actividades, como la fabricación de monedas, DNI, pasaportes, sellos, timbres oficiales, firma electrónica, loterías y otros, que pueden acabar producidos por otras empresas”. Esa misma información deba cuenta de que la FNMT estaba bajo la sospecha de imprimir billetes bajo subvención pública, algo que se negaba desde la presidencia. Y se añadía que el problema viene de lejos y del hecho de que el Banco de España lleve, desde 2002, “encargando los billetes directamente a la FNMT, sin convocar oferta pública, en contra de las normas europeas de Competencia. Por eso, alguna de las fábricas privadas de billetes, situadas en Alemania, Francia y Reino Unido, se han quejado ante las autoridades de Bruselas por esta situación”. De ahí que, ahora el Gobierno sostenga que ha puesto solución al problema con esta medida progresiva y un modelo según el cual la cuota nacional de producción de billetes para el Sistema europeo de bancos centrales se realiza “a través de una sociedad mercantil pública que actuará como medio propio y servicio técnico del Banco de España”.

La benemérita FNMT podrá seguir acuñando monedas euro y divisas de encargo y fabricando billetes para Estados no pertenecientes a la zona euro; sellos de correos para España y por encomienda de otros países y billetes de lotería nacional. Y, naturalmente, se encargará de productos y servicios relacionados con la seguridad como la elaboración e impresión del DNI y la certificación electrónica.

La cuestión es que, ya sea por el Derecho europeo o por otro argumento más o menos forzado, el sector público y sus entidades instrumentales, pese a tantas leyes, tantos Informes, tantas Comisiones de Reforma y tantos libros blancos y de todos los colores no cesan de producir esquejes que suelen prender y convertirse en cosa ramificada y frondosa. Y, posiblemente, con cargos muy apetecibles. Esperemos que la tan cacareada catarsis no sea un simple ejercicio de hipocresía electoral, por pura conveniencia partidista y que la nueva sociedad billetera no sea el escenario de un vodevil ni la fuente inspiradora de un historietista tragicómico.

 

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Leopoldo Tolivar Alas es Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo y, antes, en las de Murcia y León. Autor de numerosos estudios jurídicos, es Presidente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia y miembro de número del Real Instituto de Estudios Asturianos.

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