Se hace difícil precisar cuándo se inicia el fenómeno de corrupción política en el seno de las instituciones públicas españolas. Apenas hay datos sobre la misma, ya que seguramente, durante las dos primeras décadas transitó por un camino silencioso y opaco.  La corrupción política, social e institucional es un fenómeno que ha aparecido de forma masiva hace pocos años en los medios de comunicación y en la percepción social, coincidiendo con la crisis económica que se alumbró el  2008. Una década antes, justo a finales del siglo anterior, ya aparecieron algunos síntomas evidentes de la misma, pero la mayoría de los ciudadanos estábamos instalados en el confort de la ilusión de que eran situaciones puntuales y que no eran ni sistémicas ni sistemáticas. Solo algunos agitadores intelectuales como Alejandro Nieto advertían de la catástrofe que existía en las trastiendas de los partidos políticos, de los sindicatos y de las instituciones públicas. Yo fui de los que pensaban y afirmaban en distintos foros que era una exageración y que la corrupción era más bien excepcional. Pero estaba equivocado: la sociedad española, aparentemente moderna, seguía y sigue instalada en una relajación ética y moral mediterránea; los partidos políticos en el gobierno o con opciones de gobierno fueron generalizando prácticas, al principio puntuales pero que, ante la sensación de impunidad, se fueron envalentonando. Algunos sindicatos hicieron lo mismo. Algunas empresas proveedoras de servicios y adjudicatarias de contratos públicos se fueron adaptando al nuevo paisaje e hicieron bien lo que saben hacer: tener mayores beneficios utilizando un sistema extraño e imperfecto, maximizando sus beneficios y minimizando el pago de los peajes políticos. Las instituciones públicas  fueron relajando de forma incremental sus sistemas de seguridad jurídica por la presión política y empresarial con la excusa de buscar un diseño de un modelo de gestión cada vez con un aroma más empresarial, que anhelaba con ahínco unos servicios públicos eficaces y eficientes. La eficacia y eficiencia de los servicios públicos gestionados de manera empresarial se convirtieron en el mantra y único objetivo de los políticos y, bajo sus órdenes, de los funcionarios. Este benemérito objetivo se cumplió parcialmente, pero con elevados costes al fomentar una enorme debilidad institucional en nuestros organismos públicos. Se prestaban buenos y eficientes servicios públicos, pero ya no se respetaban del todo los principios públicos (considerados como anticuados y burocráticos) de la meritocracia en el acceso al empleo público, los principios de carrera administrativa estrictamente profesional, y se incentivaron unos sistemas de control jurídico y económico cada vez más débiles y, a la vez, desprestigiados por ser excesivamente “burócratas” y estar instalados en la nostalgia de una Administración pretérita. Y los empleados públicos, sumidos en el desconcierto ante los heterodoxos e invasivos liderazgos políticos, frente a unos sindicatos que mejoraban aparentemente sus condiciones de trabajo, pero con los que no se sentían representados, ante una sociedad ávida de servicios, aunque relajada en sus conductas éticas y morales, ante un sistema institucional que iba abandonando sus principios públicos por valores exclusivamente eficientistas, claudicaron a la vista del consenso explícito de estos poderosos actores que fomentaban la discrecionalidad y la arbitrariedad. Con el tiempo se acostumbraron a percibir como normal lo que antes percibían como anormal, y poco a poco se fueron hundiendo los diques institucionales que posee cualquier sociedad e institución moderna para domesticar los animales salvajes del clientelismo y la corrupción.

Parece obvio que la sensación y situación de la corrupción en España en la que ahora vivimos y que, por su sobreexposición los distintos estamentos de la sociedad consideran inaceptable, hunde sus raíces en varias décadas de decadencia moral e institucional.  Wikipedia ya lo ha sentenciado: «la corrupción política ha sido una constante desde la aprobación de la Constitución española de 1978 hasta nuestros días, pervirtiéndose el sistema democrático y debilitándose la confianza de la sociedad en sus representantes públicos».

El momento cero que explica la actual situación de corrupción en España tiene mucho que ver con el proceso de transición política del régimen franquista a la democracia. Se trata de un proceso de transición muy celebrado tanto a nivel nacional como internacional por tratarse de un cambio de régimen político de carácter pacífico y pactista alejado de las usuales dinámicas revolucionarias y rupturistas de estos procesos con ganadores y perdedores. La idea era evitar un juego de suma cero que recordaba en exceso a las etiquetas de vencedores y vencidos como heridas de una Guerra Civil que debían cicatrizar de forma definitiva. Hoy en día este proceso de transición política está siendo objeto de diversas críticas ya que se considera que muchos de los problemas contemporáneos de nuestro actual sistema político e institucional se derivan de este celebrado proceso. Tal vez buena parte de estas críticas posean razón, aunque yo soy de los que pienso que nuestro proceso de transición fue afortunado y, en todo caso, la mejor opción para evitar problemas y traumas que hubieran generado escenarios políticos y sociales peores. Pero hay que reconocer que este proceso de transición ha generado múltiples externalidades negativas entre las que destacan una escasa renovación de las élites sociales, económicas e incluso políticas y, también, la contaminación de nuestro sistema democrático con prácticas corruptas propias del franquismo. Un régimen dictatorial suele ser siempre corrupto y el franquismo no fue una excepción. Más allá de casos mediáticos como Sofico o Matesa, la corrupción  económica fue un rasgo básico de la dictadura franquista,  estuvo muy extendida, y la implicación política en la misma, hasta los máximos niveles, fue absoluta.  En algunos casos por la propia participación directa de altos cargos, en otros, por la protección que los estraperlistas recibieron desde el poder. Todo ello en medio de una total impunidad que no solo afectó al poder institucionalizado sino a toda la sociedad por la vía del estraperlo y otro tipo de prácticas informales. España entra en la senda de la democracia con unas elites políticas y económicas instaladas en el confort de la corrupción y con una corrupción social muy significativa. La dinámica conciliadora de la transición política no puso en revisión crítica estos comportamientos ni exigió responsabilidades, y por ello no logró la deseable regeneración política, económica y social. Muchas de las actuales dinámicas de corrupción hunden sus raíces culturales en el franquismo. En la cultura social, en la cultura de las empresas y también en la cultura de la clase política. Durante el extenso periodo del franquismo pocos espacios públicos y privados estuvieron  libres de corrupción, desde la cúpula del sistema hasta su base. En este sentido es revelador el reciente libro de Ángel Viñas, La otra cara del franquismo, que demuestra sin ambages  la corrupción de la propia figura de Franco y de su familia. Es duro y triste decirlo pero, por ejemplo, el presunto y alucinante caso de corrupción familiar del clan Pujol no difiere mucho de la supuesta corrupción de la familia del general Franco.

2 Comentarios

  1. Interesante análisis de Carles Ramió, no exento de argumentación convincente, pero exagerado en el título. Según ese criterio habría que remontarse también como origen de la corrupción política a otras épocas de la historia, porque ésta siempre ha existido, en España y en otros países.
    Es posible que muchos comportamientos de corrupción política del franquismo pervivieran en la Transicción; de hecho, la propia Transicción fue posible porque las élites de entonces no vieron peligrar sus intereses económicos, pero lo que no es de recibo es que las nuevas élites, muchas de ellas procedentes de la izquierda, se acomodaran rápidamente a esta corrupción política, cuando tenían la ocasión de ir renovando los aspectos perniciosos de la propia Transicción. Es por eso por lo que creo que Carles Ramió se equivoca. El origen de la corrupción actual está en las élites que protagonizaron esta etapa y las que la continuaron hasta ahora, puesto que el franquismo quedó rápidamente superado políticamente y sólo había que cambiar su comportamento económico, renovación ésta que nunca se abordó porque no interesaba a los propios políticos.

  2. Lo veo Cómo lo tu Fabian…. igual que se cambiaron estables hasta entonces paradigmas franquistas, podría haberse cambiado éste.

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