El Congreso de los Diputados ha aprobado el pasado 14 de febrero, día de San Valentín, una proposición no de ley del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) que insta al Gobierno a reforzar la independencia y la imparcialidad de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional (FHN). La proposición, aprobada por Cs y el Partido Popular (PP) en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso, ha contado con la oposición del resto de Grupos Parlamentarios.

Mientras el texto inicial propuesto por Cs pedía «eliminar cualquier excepción» que permita la libre designación de funcionarios en la Administración Local, la enmienda transaccional pactada con el PP habla de «reforzar las garantías de utilización del procedimiento de concurso de méritos» y «establecer unos requisitos objetivos y estrictos» que justifiquen los supuestos en que se aplique la libre designación.

El problema es que la independencia de los Habilitados Nacionales no pasa por acabar con la libre designación, sino con extirpar de raíz la dependencia de los controladores de los titulares de los órganos de poder controlados.

Mientras los sueldos, e incluso los puestos de trabajo, de los funcionarios dependan de los órganos a los que deben fiscalizar jurídica y económicamente, es imposible lograr la independencia.

Existirán casos anecdóticos de Secretarios e Interventores que asuman expedientes sancionadores, querellas, reducciones de sueldo, amenazas, presiones, insultos, etcétera… pero la inmensa mayoría son personas, no santos ni superhéroes. Por ello, lo habitual será “acomodarse” en un espacio de confort en el que “ni tú me propones” que dé el visto bueno a barbaridades, “ni yo miro fuera del folio que me propones”.

La solución sería sencilla, haciendo depender las retribuciones y los destinos de los FHN del Ministerio, como antiguamente, dejando la discrecionalidad reducida a elegir entre una terna propuesta desde el Ministerio. Para aspirar a formar parte de la terna se deberían recuperar los antiguos escalafones en función de antigüedad y méritos absolutamente tasados y públicos, fijados con carácter general (cursos, publicaciones, idiomas, etcétera), sin que las retribuciones puedan ser alteradas ad hominem, una vez cubierta la plaza. Si conviene reclasificar algún complemento, hágase con carácter público antes de cubrir la plaza, sin permitir que los cambios puedan ser efectivos para quien lleve menos de tres años en la plaza.

Pero el sistema que burdamente propongo gozará de un rechazo unánime (lo que me exime de tratar de pulir la propuesta) y ello es absolutamente justificado: hace muchos años que los FHN vendieron la primogenitura de su independencia por el plato de lentejas de unas retribuciones “dignas”. Considerando que es muy corriente encontrar nóminas de FHN muy por encima de los sueldos de los miembros del Consejo de Ministros, entendemos que los portales de “transparencia” de los Ayuntamientos escondan más las retribuciones del personal que las del equipo de gobierno…

Para ser prácticos, cualquier intento de mejora de la situación debería pasar por la congelación, con carácter “a extinguir”, de los destinos actualmente vigentes, en los que no se debería permitir, en tanto no se produzca su vacante, un empeoramiento retributivo. Y aun así es más que dudoso que con ello se pudiera lograr una menor oposición desde los propios FHN.

1 Comentario

  1. El rechazo no es unánime. Al menos lo que debe ser un puñado de FHCN entre los que me incluyo estamos de acuerdo con la propuesta; pero los “vendidos” no sé si serán más, pero sí que son mas fuertes debido a su triste y canallesco papel. Hay muchas formas de brechas salariales, y una de ellas, como la que nos ocupa, es el soborno más o menos encubierto.

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