El pasado 6 de julio, el BOE insertó el Real Decreto 582/2017, de 12 de junio, por el que se crea y regula la Comisión Nacional para la conmemoración del V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Personalmente, considero un acierto el programar, con dos años de antelación, una conmemoración de un hecho de consecuencias inimaginables en su momento y que, con un protagonismo pleno de España, cambió el curso de la Historia, de la Ciencia, del Humanismo, de la Cartografía y de las relaciones comerciales y de transporte en todo el orbe.

Dice el texto preambular que «en el año 2019 se cumple el quinto centenario del inicio de la expedición naval promovida por la Corona de España y capitaneada inicialmente por el navegante portugués al servicio de la Corona española, Fernando de Magallanes, con el propósito de abrir una nueva ruta a las islas de las Especias. Nombrado por el entonces joven Rey Carlos I de España «gobernador, adelantado, capitán general de la Armada para el descubrimiento de la especería», Magallanes partió de Sevilla la mañana del lunes 10 de agosto de 1519 al mando de cinco naves y doscientos sesenta y cinco hombres, de los cuales el 64 por ciento eran españoles y el resto se repartía entre nueve nacionalidades diferentes». Todos recordamos que Magallanes falleció en Mactán, Filipinas, el 27 de abril de 1521 y que fue Juan Sebastián de Elcano, el marino de Guetaria, el que estuvo de regreso en Sevilla el día 6 de septiembre de 1522.

Para conmemorar el acontecimiento, en este Real Decreto, refrendado por la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, se crea, bajo la Presidencia de Honor de Sus Majestades los Reyes, una nutrida Comisión Nacional con  una Presidencia, a ostentar por la citada Vicepresidenta, tres Vicepresidencias (la primera, que corresponderá al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la segunda a la Ministra de Defensa y la tercera al titular de Educación, Cultura y Deporte), un amplísimo Pleno (con más ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios, el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada…), una Comisión Ejecutiva, una Comisión Técnica y, bajo la dirección de la Comisión Ejecutiva, diversos comités especializados, que actuarán en el desarrollo de actos conmemorativos específicos, cuando las circunstancias propias de la gestión así lo precisen y de  los que podrán formar parte representantes de otras Administraciones Públicas que lo acepten voluntariamente, así como representantes de instituciones privadas y personalidades de reconocido prestigio.

Naturalmente, esta efeméride no ve limitada su regulación a este Real Decreto 582/2017, sino que, dado que será considerado un acontecimiento de excepcional interés público, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, quedará condicionada su concreción a la aprobación del programa de apoyo que, «en su caso», se contemple en norma con rango de ley. Nada menos que una norma parlamentaria. Esto, digamos en términos jerárquicos, por arriba, ya que también se prevén normas de desarrollo sectorial, como es el caso de la recentísima Orden DEF/828/2017, de 30 de agosto, por la que se crea y regula la Comisión del Ministerio de Defensa para la conmemoración del V Centenario de la primera vuelta al mundo (BOE del 4 de septiembre), con un nuevo órgano que reproduce, a escala departamental, la estructura de la Comisión Nacional (Presidencia, Vicepresidencia, Pleno, Comisión Ejecutiva y Comités especializados). En cuanto que órganos colegiados de la Administración General del Estado, a salvo las especificidades de las normas de creación, se regirán por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

La Comisión Nacional impulsará y coordinará las actividades que lleve a cabo la Administración General del Estado en relación con esta celebración y, en su caso, otras Administraciones Públicas y las entidades públicas y privadas, así como los particulares, que participen en ella. Se expedirán certificaciones, dentro de la política de mecenazgo a los interesados que presenten solicitudes, en un plazo que concluirá 15 días después de la finalización del programa de apoyo al acontecimiento.

Particularmente y en la seguridad de que la frialdad del BOE esconde datos de alta política, echo en falta a Portugal, nuestro país hermano, en una conmemoración que no debiera hacerse de forma descoordinada. Que las Administraciones lusas recordarán a Magallanes es un hecho indubitado; ir por libre, en estos tiempos, un disparate, por más que, con un chauvinismo algo fuera de lugar, el Real Decreto 582/2017, de 12 de junio, insista en que la empresa llevaba el sello español.

Pero si algo me sorprende, una vez más, es la ingenua (o desvergonzada) vinculación de los actos al mítico coste cero: la Disposición adicional primera del Decreto, una vez sabido que la organización material y personal tendrá su sede en Madrid, aunque «sin perjuicio de que se puedan celebrar sus reuniones y actividades en otros lugares cuando así resulte oportuno», lanza el anatema tópico de que «el funcionamiento de la Comisión Nacional (…) no supondrá incremento de gasto público [y] será atendido con los medios personales, técnicos y presupuestarios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sin perjuicio de la asunción por parte de cada uno de los Ministerios, de los eventuales gastos de desplazamiento de sus representantes» que, como todos los cargos de la Comisión Nacional «tendrán carácter honorífico, no percibiendo retribución alguna por el ejercicio de sus funciones». Esto último me lo creo. El resto, no. Es fácil suponer que estas Comisiones multitudinarias celebren reuniones o visitas en Sevilla, Sanlúcar de Barrameda, Tenerife… y quizá en puntos de la travesía ajenos a la geografía nacional. Y, claro, el concepto «gastos de desplazamiento» no es un billete de bus. Se imprimirá, lógicamente, documentación, cartografía facsimilar, se harán invitaciones, se programarán conferencias, obsequios institucionales; se alquilarán locales, se utilizarán naves, aunque sean de la Armada, habrá rancho e intendencia. Sin contar con los proyectos que puedan aprobarse para dar realce al hecho histórico.

Todo normal y hasta plausible. Pero que, para no consignar ni contrariar a la autoridad de Hacienda –que también está metida en el asunto- un Real Decreto se nos abone al gratis total, es una tomadura de pelo. Alguna experiencia tuve en el pasado cuando hube de dirigir una Facultad recién creada –en pleno mes de agosto-, de la que el BOE también pregonaba que iniciaría sus actividades sin expectativa financiera alguna. Luego, claro, nos quejaremos de que se busquen recursos en nichos profundamente inadecuados.

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