La Constitución de 1978 y el sistema electoral que se aprobó en su desarrollo trataron de favorecer la concentración de la representación en los partidos mayoritarios. En su momento se ponía como modelo a seguir el de los países que gozaban de mayor estabilidad en sus gobiernos y como ejemplo a evitar el de la atomización de partidos existente en Italia, que obligaba a pactos de varios partidos, y daba gran inestabilidad a sus ejecutivos.

El modelo español en los casi cuarenta años de aplicación ha favorecido el gobierno de los partidos mayoritarios, al tiempo que ha primado a los partidos nacionalistas, que en su ámbito de implantación gozan de la condición de mayoritarios.

El problema es que el sistema de listas cerradas y bloqueadas, que favorece la gestión del sistema, ha dado el control de los órganos representativos a los partidos políticos. La Constitución proclama que los representantes no están sujetos a mandato imperativo, pero es un hecho que el electo que se aparta de los mandatos del partido hace peligrar extraordinariamente su posibilidad de renovar su elección.

Si a ello añadimos que el poder interno de los partidos se ha burocratizado y ha basado mayoritariamente la financiación en prácticas corruptas, nos encontramos con el actual modelo español, que ha degenerado en la atomización que se quería evitar. Pero es inevitable, máxime teniendo en cuenta que la mayoría de los electores quieren castigar a quienes consideran responsables de la corrupción o les votan con la nariz tapada, pensando en evitar lo que consideran males mayores.

Teniendo en cuenta el desolador panorama que la política española nos ofrece, creemos que es hora de que cambie el sistema electoral a fin de permitir una recuperación ética en el ámbito político.

Puede haber opciones varias, pues cada una tiene sus pros y sus contras. Así, por ejemplo, el sistema mayoritario de doble vuelta francés resulta muy atractivo, pero tiene el inconveniente de provocar un importante incremento del gasto electoral, al obligar a repetir votaciones.

El sistema mayoritario por circunscripciones similar al vigente en el Reino Unido obligaría a redibujar totalmente el panorama electoral. Su atractivo se ve fuertemente lastrado por el caciquismo al que se presta el momento de hacer el reparto por circunscripciones electorales, pues según donde se dibujen las líneas se favorecerá a unos u otros partidos.

Por ello creemos que, a falta de una reforma de tanto calado es muy sencillo aplicar una mínima alteración del sistema que puede dar unos resultados espectaculares. Para ello bastará con desbloquear las listas y permitir al elector eliminar a las personas a las que, pese a figurar en la propuesta electoral de un partido, no merecen la confianza del elector.

Cabe pensar que los partidos se sorprenderían al ver fuertemente penalizados a algunos de sus representantes de mayor peso en el aparato del partido. Pero estamos convencidos de que la sorpresa es inexistente. Los responsables de elaborar las listas saben perfectamente quien suma y quien resta en la captación del voto, y estos últimos son un tributo obligado al actual sistema de hegemonía del partido frente a los representantes.

 

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