Las caras imprescindibles del dinero

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Las instituciones europeas siguen dando pasos adecuados para que un enorme chorro de  dinero pueda regar el terreno tan desolado que está dejando la pandemia y la crisis económica. Con rigor se están preparando las emisiones de deuda conjunta así como analizando los proyectos presentados, entre otras muchas actuaciones. Un gran esfuerzo con el que esperamos que se atiendan tantas necesidades puestas de manifiesto los últimos meses, se tapen agujeros de deuda en los servicios esenciales, se mejoren las prestaciones públicas, se impulsen algunas infraestructuras retrasadas. Un caudal de millones de euros que permitirá aliviar el escozor de las heridas vividas.

Confiemos en que se utilicen de manera eficiente tales recursos satisfaciendo las exigencias del Derecho de la Unión. Y es que genera cierta aflicción advertir cómo las autoridades españolas miran a esa Europa que nos ayuda pero son reacios a contribuir a consolidar el proyecto europeo, a cumplir sus obligaciones mínimas.

Hace unos días la Comisión Europea publicó el listado de notificaciones que había enviado a los Estados miembros que persisten en infringir el Derecho de la Unión. España ha recibido varios requerimientos. Es cierto que otros Estados también deberían sonrojarse. Por citar sólo un ejemplo, a Bélgica se le ha llamado la atención por descuidar la normativa contra los ciberataques, no garantizar la autonomía del organismo de protección de datos, contravenir obligaciones relativas a la gestión de residuos, en fin, entre otras varias, incumplir también las exigencias de la euroorden.

Pero centrémonos en España, en nuestras obligaciones y responsabilidades que pueden conducir, si no se corrige la actuación, a que el Tribunal de Justicia de la Unión imponga cuantiosas multas. Recordemos que hace unos meses conocimos la sentencia imponiendo una sanción de más de 15 millones de euros por tardar varios años en establecer determinadas medidas de protección de datos personales en el ámbito de la prevención y detección de delitos (sentencia de 25 de febrero de 2021, c-658/19).

Entre los ámbitos sobre los que se señalan infracciones, anoto en este momento dos porque inciden en la actuación de las Administraciones locales.

El primero, las notables carencias que subsisten en la gestión de las aguas residuales. El asunto no es nuevo porque España ya fue condenada al pago de más de 30 millones de euros hace un par de años por la deficiencia e, incluso, inexistencia de plantas depuradoras. Los problemas subsisten, según la Comisión Europea, en más de 300 aglomeraciones urbanas. El Gobierno tiene dos meses para encauzar una mínimas medidas y evitar que la Comisión presente la denuncia ante el Tribunal de Justicia. Por el momento, sólo ha anunciado el posible parche que puede suponer destinar de los fondos europeos unos 100 millones de euros para esas obras. Cuantía que resulta escasa ante los costes de estas instalaciones y, sobre todo, ante las necesidades de su mantenimiento. ¿Seguimos sin ser conscientes de que resulta insuficiente levantar una obra, recibir los aplausos en la inauguración y olvidarse de lo que supone la prestación del servicio?

El segundo asunto tampoco es original, sin embargo en estos momentos agudiza la crisis económica al acentuar la dramática situación de muchos empresarios. Me refiero a la morosidad. La Comisión Europea ha vuelto a requerir a España ante el incremento de los retrasos en los pagos por parte de algunas Administraciones. Es cierto que, junto a esa relación de morosos, debemos recordar que hay miles de Ayuntamientos y muchas Diputaciones que satisfacen con notable celeridad sus deudas gracias a su sensata planificación, al adecuado ritmo de sus sistemas de tramitación y el buen hacer de tantos funcionarios locales, en especial, de los interventores. Pero interesa que sean todas las Administraciones locales las que cumplan con rigor sus pagos y, en este caso, los dineros europeos no deberían utilizarse para incrementar un falso delirio de una situación saneada cuando lo necesario es analizar las causas de esa situación financiera.

Sin duda, entre las más relevantes está la deficiente financiación local. Es indubitado: resulta urgente afrontar con rigor la reforma de las haciendas locales. Pero el dinero tiene dos caras y por ello, junto a la cara que muestra la solidaridad en la atribución de fondos públicos, ha de ofrecerse la otra cara, la cara de la responsabilidad, para reorganizar los servicios administrativos y no dilapidar esos recursos económicos en obras desmedidas. 

2 Comentarios

  1. hay una cosa que está clara nadie puede gastar más de lo que se tiene, y aquín desde la época que Felipe Gonzalez cuando se pulió en pocos años el dinero que PACO el malo dejó en caja, la deuda pública ha ido creciendo y ha llega un momento que es impagable, ése momento ya llegó, y es que es muy dificil poder pagar los sueldos y salarios de más de 3 millones de funcionarios y de colocados que tenemos en todos reinos taifas del país más del doble que ALEMANIA con casi el doble de población, algo falla no cree Vd.?

    • Gracias por leerme. Me preocupa como a Vd. el volumen de la deuda pública (1,38 Billones de euros según el último informe del viernes pasado del Banco de España). Por ello, resulta urgente una reforma y reordenación del sector público para atender a los servicios esenciales (en especial, sanidad o educación) y reducir el gasto de otras actuaciones públicas.
      Este blog es un buen foro para el comentario de propuestas.
      Saludos cordiales, Mercedes Fuertes.

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